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Comisionado Prado: Alta Comisionada, evalúe al régimen de Maduro por los hechos y no por las promesas

 Caracas.- mayo de 2021..– El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y

Atención a las Víctimas, Humberto Prado, pidió a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que evalúe las medidas adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro en materia de DDHH.

El Comisionado escribió una misiva con el propósito de elevar sus consideraciones ante la honorable

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con severas declaraciones emitidas mediante la red social Twitter, donde afirman que: “#Venezuela anunció recientemente reformas de la policía y de la detención. Estos son pasos en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras para aplicar las recomendaciones de @UNHumanRights”.

Prado solicitó a la Alta Comisionada que, evalúe al régimen de Nicolás Maduro por los hechos, y no por las promesas. Así como también asevera que, “estas supuestas reestructuraciones no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad y acatamiento de los lineamientos internacionales en materia de DDHH. No obstante, al indagar en el contenido de dichas medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que no hacen más que demostrar la falta de interés real del régimen de Nicolás Maduro por adecuarse a los estándares de derechos humanos”.

La Comisión Presidencial de DDHH hizo notar que “las recientes reestructuraciones que ha formalizado el régimen de Nicolás Maduro en cuanto a modificaciones en el organigrama de la

Policía Nacional Bolivariana (PNB), publicadas en Gaceta Oficial No. 42.109 del 13 de abril de 2021, así como el reciente traslado de los 306 presos políticos recluidos en las instalaciones de la Dirección

General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a la custodia del Ministerio de Servicio Penitenciario, publicado en Gaceta Oficial No. 42.125 de fecha 12 de mayo de 2021, se constituyen como decisiones fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela”.

Ante esto, manifiestan como Ab Initio (desde el principio) la transgresión a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pues dichas personas permanecen recluidas debido a causas e intereses de orden meramente político, denegados de debidas garantías judiciales y sin justificación jurídica verdadera.

“El traslado de este grupo de personas a cárceles civiles venezolanas supone prácticamente una condena a muerte, pues es no es un secreto para la comunidad internacional, y especialmente para este Alto Comisionado, el deplorable estado en el que se encuentran las prisiones de Venezuela y la carencia total de seguridad que prepondera en aquellas” sostuvo.

Asimismo, agregan que “por parte de la reforma al cuerpo de la PNB, queda de manifiesto que el nombramiento de una “Comisión de Reestructuración de la Policía”, encabezada por una Almirante retirada y un General de División, ambos con formación militar, contraviene indubitablemente el artículo 332 de la Constitución venezolana, donde expresamente establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”.

Igualmente, tomando en cuenta las 2.853 personas que fueron asesinadas por policías y militares durante el año 2020 en Venezuela, la PNB fue responsable de 672 de esas ejecuciones, según una investigación de la ONG PROVEA.

“Habría que considerar, por lo tanto, que para que esta reestructuración tuviese algún valor práctico para la realidad política, social y jurídica del país, debería colocarse a la orden de una justicia autónoma e imparcial a los presuntos responsables de dichas ejecuciones extrajudiciales”, expuso

Prado.

Por su parte, el comunicado para la Alta Comisionada reitera que en materia de DDHH de las personas privadas de libertad, la Corte Interamericana de DDHH, ha dictado medidas Provisionales a favor de la vida de la población reclusa de “La Pica”, “Yare I”, “Yare II”, “Uribana”, “Rodeo I, “Rodeo

II”, “Tocoron”, “Vista Hermosa” y “El Cepra”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó Medidas Cautelares a favor de los presos que están en los Calabozos del Comando policial de Carúpano y el Retén policial de Cabimas y hasta la actualidad el régimen ha dignado a respondido a la Corte ni a la Comisión por los detenidos que están muriendo de Desnutrición, Tuberculosis, Sida, y enfrentamiento entre banda, además, los denominados “Pranes” siguen haciendo de las suyas bajo la complicidad del régimen y un hacinamiento que ronda por el 170 %.

La Comisión recuerda que, desde 1999 hasta el 2020 han muertos en las cárceles del país 7.374 personas y han resultados heridos 17.715; lo que significa que 25.089 personas han sido tocadas por la violencia penitenciaria.

En este sentido, la Comisión invitó a la Alta Comisionada a evaluar las acciones tomadas por el régimen fáctico de Nicolás Maduro, “mediante los hechos y consecuencias reales de dichas decisiones para la realidad venezolana, y no a través de las promesas y formalismos revestidos de falsa legalidad que, además, demuestran una clara lejanía de las normas internas de Venezuela y una intencionalidad manifiesta de mantener una política de Estado fundamentada en la persecución política, la censura y la prevalencia de los intereses políticos sobre el respeto y la garantía de los derechos y libertades de las personas”.

Finalmente, el Comisionado Prado se disculpó ante el organismo “por responder como un defensor de derechos humanos y no como un burócrata ante la realidad que tiene mi país; pero en esta situación siempre me acuerdo de la última parte de un poema anónimo que se llama ‘Verdades Amarga’: Si tengo la palabra tosca, con estas líneas turbias y sin nombre, doblando las rodillas en el polvo, pido perdón a Dios, pero no al hombre… le reitero mis sentimientos de consideración y aprecio, reciba un cordial saludo”

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