Sucesos

Tribunal dictó medida privativa de libertad a trabajadores de ONG Azul Positivo

Caracas, 15 de enero de 2021. NP.- El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, condeno la decisión del Tribunal 4to de Control del estado Zulia, que dictó medida de privativa de libertad contra cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo.

La causa de los trabajadores, que permanecen detenidos desde el pasado el 12 de enero cuando al menos 15 funcionarios de la Dgcim practicaron un allanamiento en las oficinas de la fundación, en el municipio San Francisco; la lleva la fiscalía 77 con competencia nacional en los delitos económicos y fronterizos, a cargo de José Gregorio Rondón, fiscal titular.

Los directivos de la ONG Azul Positivo fueron acusados por delitos de “manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales”.

El director de Azul Positivo Johán León Reyes y a los miembros de la organización Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Miguel Guerra Raydan, Luis Ferrebuz serán recluidos en la sede del Dgcim en Maracaibo.

Entre 2015 y 2020 la organización no gubernamental Azul Positivo ha beneficiado a 43.992 personas con sus actividades en el estado Zulia. No solo brindan información acerca del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), también entregan insumos, medicamentos y ofrecen atención médica y psicológica.

El Comisionado lamenta que, más de 9 mil personas que recibían asistencia humanitaria de Azul Positivo queden desprotegidos. Esto es un ataque a la población y un terrible precedente que criminaliza la labor humanitaria en el país, mientras millones de personas en sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja.

“La detención de los integrantes de Azul Positivo representa riesgos para la vida de las personas con VIH en Zulia, ya que se deja sin protección a las comunidades beneficiarias de sus programas que ya sufren de inseguridad alimentaria, de servicios básicos”, agregó Prado.

Ante esto, la Comisión Presidencial para los DDHH pide al tribunal la liberación inmediata de los miembros de Azul Positivo, el cese del patrón de persecución, hostigamiento y criminalización de las organizaciones y personas defensoras de DDHH y actores humanitarios.

 Asimismo, instan a todas las organizaciones, agencias y órganos del sistema Interamericano y universal de derechos humanos que activen los mecanismos de protección y seguridad a los miembros de la organización por su trabajo de asistencia humanitaria.

Finalmente, solicitan a Pnud Venezuela y su representante Jan Harfst, rechace la detención arbitraria de los 5 trabajadores de la ONG humanitaria, Azul Positivo, en vista que trabajar en la ayuda humanitaria y la cooperación internacional no es un delito.

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